Hace unas horas en la Revista Mugica (Revista del Centro Cultural Padre Mugica) me publicaron una columna sobre “Regulaciones en el ciberespacio: reconsiderando la soberanía tecnológica“. La pueden leer desde la web de la Revista o también aquí abajo (la reproduzco completa). Es tiempo de retomar lo importante: la soberanía nacional sobre el ciberespacio. Es tiempo que Argentina se fortalezca en su soberanía tecnológica.
“Ya pasaron varios meses y se observa con claridad que la pandemia del COVID 19 está cambiando la vida del planeta. A medida que se normaliza el aislamiento social, que crecen exponencialmente los contagios (y las muertes) y que las estadísticas aturden nuestros sentidos, va quedando algo más nítido el mundo que viene. Sin dudas, un mundo en el que las tecnologías digitales tienen y tendrán un lugar central. En tiempos de crisis, ya ocurrió varias veces, los mercados globalizados muestran una vez más su costado más ficcional (su vacío, sus mentiras intencionadas). La gravedad y la urgencia de la pandemia re-ubicó, otra vez, al Estado en el centro de la escena y, con ello, se ha recuperado algo del halo vivificante de la política. Ahora, en medio de tamaña crisis global (sanitaria, económica, social), ¿es posible saber quiénes ganan / pierden, se benefician / perjudican? ¿Qué margen queda para las políticas nacionales / regionales en este nuevo escenario internacional?
La crisis mundial producida por la pandemia no está afectando de igual forma a todos los sectores productivos. Más allá del evidente deterioro en algunos de ellos (turismo, comercio, transporte, entretenimientos), hay ciertas corporaciones vinculadas a la economía digital a las que el nuevo escenario las está magnificando[1]. Las medidas de aislamiento social a nivel mundial, han demostrado que Internet y la telefonía móvil, además de ser nuestra infraestructura de comunicación, también ha pasado a ser el ambiente a través del cual se continúa viviendo: trabajo, relaciones sociales, educación, entretenimiento, cultura, comercio, etc. Para bien o para mal, desde hace meses que “vivimos conectados”. El ciberespacio ha devenido en un espacio reticular de co-existencia. Las tensiones geo-políticas que atravesaban el ciberespacio (antes de la pandemia), ahora se han visto fuertemente acentuadas.
En momentos en que en la Argentina los medios de comunicación y la redes sociales discuten sobre respiradores nacionales, vacunas contra el COVID 19, nuevos satélites en el espacio, decretos sobre “servicios públicos esenciales y estratégicos” en (tele)comunicaciones o la urgente necesidad de incorporar computadoras en las escuelas, el concepto de “soberanía tecnológica” parece atravesar la escena política nacional. ¿Cómo se llevan los conceptos de soberanía y ciberespacio? ¿Existe un ciberespacio nacional? Al respecto, ¿cuál es la posición que adoptan potencias como los Estados Unidos de Norteamérica, la República Popular China o la Federación Rusa? Revisar las últimas disputas sobre la regulación de Internet permite observar los trazos gruesos del mundo que viene, permite anticipar una profunda re-configuración social, económica y política sobre las tecnologías digitales (y la emergencia de nuevas disputas sobre qué son y cómo se gobiernan estas tecnologías).
Las tensiones sobre la tecnología 5G
El desarrollo alcanzado por Huawei (corporación China) sobre la tecnología móvil 5G está produciendo fuertes tensiones a escala mundial: su tecnología es líder y clave para el desarrollo de telefonía móvil (de alta velocidad), robótica, vehículos autónomos, Internet de las cosas, etc. Específicamente, se han generado tensiones entre los EE.UU. (y otros Estados aliados) y la República Popular China. El gobierno norteamericano denunció que la tecnología 5G de Huawei representa una amenaza para la seguridad nacional y para sus ciudadanos. Además, denunció a la corporación china por robo de secretos comerciales de los EE.UU. Hacia mediados de 2019, EE.UU. ubicó a Huawei en una lista negra de proveedores para contratación con el Estado. En 2020, los EE.UU. han presionado a sus socios comerciales para que no colaboren en el desarrollo de la infraestructura tecnológica de Huawei (sobre todo en el desarrollo de chips).
Las imposiciones / negociaciones sobre TikTok
Otro conflicto entre los EE.UU. y la República Popular China está dado por una aplicación de teléfonos móviles. TikTok es una red social (en territorio chino se llama Douyin) propiedad de la corporación ByteDance Ltd. (Zìjié Tiàodòng, Beijing, China) que, lanzada en 2016 para iOS y Android, permite crear y compartir videos de corta duración (entre 3 y 60 segundos). En la actualidad es una de las redes sociales más importantes del mundo: tiene más de 1000 millones de usuarios y en los EE.UU. supera los 100. Al igual que Huawei, la red social comenzó a ser acusada en los EE.UU. por colectar ilegalmente datos personales, favorecer el espionaje para el Partido Comunista Chino y ser una amenaza contra la seguridad nacional. El 6 de agosto de 2020 Donald Trump decretó (a partir de setiembre) un bloqueo de transacciones entre TikTok y ByteDance (o subsidiarias) y, de esta forma, presionó para su venta a una empresa norteamericana (Microsoft, Oracle u otras) o para su cierre definitivo (a un mes de la elección presidencial). El 24 de agosto TikTok llevó a los tribunales el decreto de Trump y acusó a los EE.UU. de no respetar el estado de derecho y afectar el comercio internacional.
La soberanía rusa sobre el ciberespacio (Runet)
El 1 de noviembre de 2019 entró en vigor la ley sobre el funcionamiento de la Internet rusa, orientada a garantizar la seguridad y la sostenibilidad de los servicios de Internet en el caso de desconexión de la red global. La ley busca proteger la Runet de potenciales agresiones externas y garantizar el funcionamiento ininterrumpido de todos los servicios esenciales. La normativa obligó a todos los proveedores de Internet en Rusia a instalar equipos especiales (proporcionados gratuitamente por el gobierno). Entre el 16 y el 23 de diciembre de 2019 se realizaron las pruebas bajo el nombre “Internet soberano” (medidas orientadas a conseguir un normal funcionamiento de la red rusa ante desconexión de Internet, desastres naturales o amenazas / peligros provenientes del exterior). Las pruebas analizaron la estabilidad y la seguridad en el tráfico de información, la Internet de las cosas, la telefonía móvil y la protección de datos personales.
La obligatoriedad de instalación de software ruso
En diciembre de 2019 la Federación Rusa sancionó una reforma al artículo 4 de la Ley de protección de los derechos del consumidor vinculada a la calidad de los productos que se venden en el país. Específicamente, estableció la obligatoriedad de pre-instalación de software ruso (desde fábrica) en los dispositivos electrónicos que se comercializan en tu territorio. La reforma, en vigencia desde el 1 de julio del 2020, obliga a instalar software y aplicaciones producidos en Rusia en todas las computadoras y en los teléfonos y televisores inteligentes. Por un lado, se busca proteger los intereses de las empresas rusas (generando capacidades locales y trabajo) y, por el otro, se intenta reducir el número de abusos cometidos por corporaciones extranjeras. La regulación no excluye aplicaciones, pero sí obliga a que los dispositivos también tengan pre-instalado, por ejemplo, el navegador Yandex.Browser u otras aplicaciones (Yandex.Disk, Cloud Mail.ru, Rutube, Kaspersky o MTS).
Estos cuatro casos internacionales permiten observar al menos dos puntos centrales para el análisis. Por un lado, muestran cuán activas están a nivel global las relaciones entre soberanía y tecnologías digitales. Los casos mencionados remiten a disputas y tensiones geo-políticas de soberanía tecnológica (o, específicamente, de soberanía del ciberespacio). Existen, evidentemente, luchas y tensiones por las posiciones y capacidades que los Estados (y sus corporaciones) pretenden mantener en el ciberespacio. Por otro lado, los casos descritos parecen mostrar cierta indefinición (y porosidad) entre los Estados y sus corporaciones comerciales privadas. Resulta complejo encontrar una separación tajante entre lo público-estatal y el dominio comercial privado. Estas relaciones parecen haberse vuelto promiscuas: Estados que parecen “emprender” negocios corporativos y corporaciones privadas que “ayudan” a gobernar poblaciones.
En el plano internacional es necesario avanzar hacia un co-gobierno multilateral del ciberespacio. Más temprano que tarde llegará. Tal vez la pandemia y la crisis mundial ayuden al respecto. Mientras tanto es posible observar que en Argentina (entre otros países de América Latina) el concepto de soberanía tecnológica comienza a usarse con algo más de precisión técnica para definir todo tipo de medidas (políticas, económicas, tecnológicas, sociales, sanitarias) orientadas a la gestión eficiente del ciberespacio y a las fronteras nacionales, al resguardo de las poblaciones y de los recursos que ellas generen o que de ella puedan generarse. El concepto de soberanía en el ciberespacio alcanza, en general, a las tecnologías digitales y a todo tipo de redes de información: entre otras, redes de telecomunicaciones, redes de radio y televisión, Internet (propiamente dicha), redes de telefonía móvil, Internet de las cosas, las redes de control y automatización industrial u otras redes electrónicas que puedan desarrollarse.
El ciberespacio se ha transformado en una plataforma / infraestructura esencial para los asuntos más elementales de cada país: asuntos políticos, militares, culturales, económicos, educativos y sociales. ¿Cuánto participa la República Argentina en el gobierno mundial de Internet? ¿Cuán soberano es el ciberespacio nacional? Es importante advertir que las tecnologías digitales no son neutras. Tampoco son universales. Se trata de redes de relaciones y, como tales, también son políticas. Cuando el ciberespacio de cada país no es reconocido como soberano (o su reconocimiento es laxo) las consecuencias son negativas: se prescinde de un espacio político e institucional para generar regulaciones y tecnologías. O, peor aún, se generan marcos legales que en apariencia regulan el ciberespacio, pero que, en realidad, sólo son un transporte para la recepción acrítica de tecnologías, intereses políticos y modelos de negocios de las corporaciones estatales / privadas de otros países.
Este es un punto clave para la Argentina: una posición fuerte sobre la soberanía tecnológica del ciberespacio (pero también para otras tecnologías) podría favorecer regulaciones (tanto jurídicas como tecnológicas) orientadas a proteger la población y minimizar el extractivismo de todo tipo de valor intelectual (datos personales, tele-trabajo, cultura). Esta nueva centralidad del Estado, pandemia mediante, puede favorecer políticas soberanas donde el pueblo encuentre resguardo y protección, donde pueda ejercer sus derechos, ganar autonomía, crear diferentes tipos de valor (material e intelectual) y construir democráticamente un futuro común. El ciberespacio nacional no está exento de tensiones y conflictos políticos. Tampoco se mejorarán las posiciones soberanas de un momento para otro. Se trata de un camino a recorrer colectivamente. El ciberespacio nacional también puede construirse como una red más justa, igualitaria y democrática.”
[1] Algunas corporaciones tecnológicas como Apple, Alphabet / Google, Facebook, Amazon, Huawei, Zoom, Tik Tok, Mercado Libre o Netflix, entre otras (de diferentes países), parecen ser cada vez más grandes, poderosas y encontrarse en franca expansión.
*Doctor en Ciencias Sociales y Humanas (UNQ) e investigador CONICET (INHUS/UNMdP). Fuente Revista Mugica.
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