La cultura es mucho más que sus manifestaciones industriales

En poco más de treinta años el derecho de autor y el derecho de copia pasó de ser una disciplina jurídica menor -sólo reservada a “los artistas”- a ser una pieza central en la regulación de las sociedades a escala global. Hoy el escenario se encuentra en plena ebullición: la regulación está atravesando por profundas discusiones jurídico-políticas sobre el ejercicio de derechos ciudadanos, la disponibilidad de la cultura y la distribución de las riquezas intelectuales comunes en la era digital.

Los últimos intentos de regular las capacidades de copia de la ciudadanía a nivel mundial están marcando una clara y alarmante tendencia represiva. Prueba de ello son los anteproyectos de ley y las leyes sancionadas en varios países: desde los fallidos proyectos SOPA / PIPA / OPEN en Estados Unidos, hasta proyectos y leyes con similares características en Francia (Ley Hadopi), España (Ley Sinde-Wert), Irlanda y el Reino Unido, Nueva Zelanda, México (Ley Doring) o Colombia (Ley Lleras).

Estas iniciativas no son homogéneas. Cada una crea sus propios institutos, proyecta sus medidas y atiende intereses más o menos domésticos. Sin embargo, a pesar de sus particularidades, estos proyectos de ley y leyes tienen varios puntos en común y hasta parecen salidos de una misma matriz regulatoria. Los proyectos tienen al menos tres puntos coincidentes (debe haber varios más): son iniciativas represivas, industrialistas y excluyentes (al menos, no incluyentes).

En primer lugar, las iniciativas suponen crear soluciones efectivas para la ejecución administrativa / judicial del derecho de autor. Sin embargo, lejos de una mejor gestión, los proyectos y leyes están atravesados por una preocupante tendencia represiva al momento de regular qué es lo que “no pueden” hacer los ciudadanos en la red. Así, abundan cortes de servicios, multas, penas de prisión, bloqueos y sofisticadas formas de censura. Entre tanta tinta, ¿algún nuevo derecho ciudadano?

En segundo lugar, estas iniciativas comparten una severa miopía regulatoria: sólo atienden el lobby y la defensa de intereses de algunas corporaciones comerciales de las industrias culturales. Es decir, pretenden convertir (a martillazos) la infraestructura de Internet hacia formatos y soportes más controlables para cobrar por accesos, servicios o para mostrar publicidad en línea. Las torpes regulaciones no hacen más que favorecer la posición dominante de otras corporaciones de Internet.

En tercer lugar, medidas represivas e industrialistas también dejan claro que estas leyes y proyectos no se sustentan en el carácter incluyente que aún tiene el derecho de autor y derecho de copia. Si existen autores y titulares de derechos es porque también existe un público con el que se comparte la creación intelectual. Si existe un derecho de autor es porque también existe un derecho de copia al alcance de la mano de cada ciudadano. ¿Los artistas nacen de un repollo?

Todas estas iniciativas parecen haber olvidado que la cultura es mucho más diversa y rica que sus manifestaciones industriales. ¿Hay que estar contra las industrias culturales? No, claro que no. Pero los intereses industriales no deben violentar en ningún caso los derechos ciudadanos. Las propuestas represivas y meramente industrialistas atentan contra las libertades de expresión, la libre e igualitaria disponibilidad de la cultura, la creatividad y los valores democráticos.

La era digital invita a repensar, adecuar y ampliar el derecho de autor y el derecho de copia. Es muy importante garantizar que las futuras regulaciones mantengan y fortalezcan su carácter abierto e incluyente. Compartir las culturas es algo vital que beneficia a todos: crea sociedades más ricas, justas, libres y democráticas. Compartir las culturas permite alcanzar mayores y mejores niveles de inclusión, diversidad e igualdad.

* El Dr. Ariel Vercelli es Presidente de BIENES COMUNES A. C. e Investigador del CONICET / IEC-UNQ. Columna publicada en la sección de Tecnología de Télam. Sin licencia.

Deja un comentario