El gobierno de Estados Unidos está proyectando para el 2012 varios cambios en sus políticas y regulaciones sobre Internet. En enero se tratarán en el Congreso estadounidense varios anteproyectos de ley relacionados con formas más duras de regular el derecho de autor y derecho de copia (copyright). Similar y complementario al anteproyecto SOPA, el Congreso también debatirá el proyecto Protect IP Act (PIPA)o Ley de Protección de Propiedad Intelectual.
La propuesta de ley PIPA fue presentada en el Senado por el legislador Patrick Leahy el 12 de mayo de 2011 y es un refrito de un proyecto fallido de 2010 conocido como COICA. El título completo del PIPA se muestra algo más ambicioso. En español se puede traducir como “Ley de 2011 para Prevenir las Amenazas Reales En Línea hacia la Economía Creativa y el Robo de la Propiedad Intectual (S. 968)”.
El objetivo principal de PIPA es dar a la administración pública de Estados Unidos y a los titulares industriales de derechos de autor algunas herramientas jurídico-políticas que refuercen (tal vez, endurezcan) sus posiciones contra sitios web extranjeros (es decir, sitios fuera de la jurisdicción estadounidense) dedicados a la copia ilegal de obras intelectuales o la falsificación de productos comerciales que se ofrecen dentro de Estados Unidos.
Al igual que ocurre con SOPA, el proyecto PIPA busca facultar al Attorney General de Estados Unidos (en Argentina y otros países sería el Procurador General de la Nación) para que solicite judicialmente medidas contra los sitios de Internet (o sus titulares de nombres de dominio) que orienten los servicios hacia ese país, que estén alojados fuera de la jurisdicción y que copien o faciliten la copia ilegal de las obras intelectuales y la falsificación de productos.
La sección tercera del PIPA planea herramientas para a perseguir tanto a quienes violan el derecho de autor y derecho de copia como a quienes evaden las tecnologías de control de acceso a las obras protegidas o venden / promocionan la falsificación de productos o servicios. Este proyecto tiene detrás una fuerte presión corporativa de las empresas discográficas, del entretenimiento audiovisual y de las empresas farmacéuticas.
Los detractores y críticos del anteproyecto PIPA argumentan que la libertad de expresión estaría en serio riesgo. Por ejemplo, PIPA habilitaría a la justicia, a pedido del Attorney General, a intimar y tomar medidas temporales de restricción y bloqueo para que sitios web denunciados cesen y desistan de sus actividades. Incluso, podría ordenarse a las empresas de publicidad, de pago por Internet y a los buscadores en línea a que corten sus servicios a hacia estos sitios web.
La quinta sección del proyecto PIPA establece una serie de inmunidades para quienes colaboren en “la batalla contra la piratería”. En la séptima se obliga al Attorney General a publicar investigaciones que le permitan recibir información del público y a coordinar junto a otras agencias gubernamentales de Estados Unidos las acciones y medidas pertinentes. El proyecto otorga nuevas facultades a las Secretarías de Comercio y a la de Seguridad Interior de Estados Unidos.
Los proyectos de ley de Estados Unidos PIPA (Senado) y SOPA (Representantes) buscan imponer en 2012 un nuevo régimen doméstico, pero también de alcance mundial, para endurecer la gestión industrial de las obras intelectuales. Una vez más se violenta interesadamente el equilibrio que debe existir entre la cultura y sus diferentes industrias, entre los derechos de los autores, los intereses comerciales de las industriales y los derechos de copia de cada ciudadano.
* El Dr. Ariel Vercelli es Presidente de BIENES COMUNES A. C. e Investigador del CONICET / IEC-UNQ. Columna publicada en la sección de Tecnología de Télam. Sin licencia.