El escndalo del rootkit (software espa) de Carrier IQoculto en millones de telfonos mviles dej en claro el grado de fragilidad y desproteccin que tienen algunos derechos ciudadanos bsicos a nivel global. En sociedades democrticas las corporaciones comerciales tambin deben respetar la privacidad y la intimidad de los usuarios. Los ciudadanos tienen derecho a que no se los vigile, a que no se registre qu hacen o no hacen y a ejercer sus derechos a ser olvidados.
A nivel mundial existe mucha hipocresa sobre lo que ocurre con los datos personales de los clientes y ciudadanos. Si los modelos de negocio de las principales empresas de Internet y de telefona mvil se basan en recolectar datos sobre sus usuarios, en auscultar qu hacen y no hacen y en registrar y seguir minuciosamente todas sus rutinas de consumo, entonces, es saludable preguntar: A quines sirven las actuales regulaciones de (des)proteccin de datos personales?
Las regulaciones mundiales sobre privacidad, intimidad y proteccin de datos personales, lejos de servir a los clientes y ciudadanos (la parte dbil), parecen estar slo al servicio del mercado global de las grandes corporaciones. El caso del rootkit Carrier IQ es, sin dudas, el ms escandaloso. Sin embargo, las supuestas polticas de privacidad de empresas como Google, Facebook, Apple o Twitter tambin se orientan en el mismo sentido.
El estado de situacin de la privacidad a nivel mundial es muy claro y alarmante. Pueden los ciudadanos definir qu hacen o no hacen las empresas con sus datos personales? La respuesta es claramente: No! En igual sentido, pueden los ciudadanos configurar los servicios que se les ofrecen para ejercer sus derechos a no ser monitoreados, registrados o controlados por las corporaciones comerciales? La respuesta an sigue siendo negativa.
Son varios los organismos reguladores a nivel mundial que estn buscando elevar la proteccin pblica y ciudadana sobre la privacidad. La Unin Europea buscar en 2012, luego de 16 aos sin reformas sustanciales, actualizar y elevar sus estndares ciudadanos de proteccin de datos y obligar a las corporaciones comerciales (sobre todo de Estados Unidos) a que permitan que los usuarios puedan borrar definitivamente los datos que deseen.
Existen al menos dos puntos claves para avanzar sobre un sistema ms democrtico en la gestin de datos personales. Por un lado, los estados deben prohibir a las empresas de Internet y telefona mvil (proveedores del servicio, los buscadores y las redes sociales) que almacenen datos sensibles de los usuarios, clientes y ciudadanos. Por el otro, se deben aumentar las capacidades que tienen los usuarios para ejercer sus derechos de reserva y sus derechos a ser olvidados.
El derecho al olvido o derecho a ser olvidado intenta controlar esta situacin y dar mayores capacidades a los ciudadanos para que puedan decidir qu pueden hacer las corporaciones comerciales con sus datos privados. En la Repblica Argentina el derecho al olvido est regulado en la ley 25.326 (Ley de Proteccin de Datos Personales) pero slo para informes de riesgo crediticio y no de forma amplia para alcanzar a Internet, a las redes sociales o a la telefona mvil.
Las reformas jurdico-polticas y tecnolgicas que habilitaran una gestin democrtica de estos derechos ciudadanos son de alta complejidad. Por ejemplo, cmo podran los ciudadanos ejercer un derecho a ser olvidados cuando sus datos e informaciones ya son gestionados por corporaciones comerciales que se niegan a cumplir las leyes, engaan a los usuarios y pueden copiar y transferir en segundos estos datos a cualquier parte del mundo? Se habr iniciado una era pos-privacidad?
* El Dr. Ariel Vercelli es Presidente de BIENES COMUNES A. C. e Investigador del CONICET / IEC-UNQ. Columna publicada en la seccin de Tecnologa de Tlam. Sin licencia.