SOPA de leyes e intereses industriales, ¿y los ciudadanos?

Hace décadas que los proyectos de ley que buscan regular las industrias culturales dentro de Internet desatan innumerables tensiones y luchas políticas a nivel global. Esto es, justamente, lo que ocurrió y ocurre en Estados Unidos con el anteproyecto llamado Stop Online Piracy Act (SOPA) que se propone ¿combatir la piratería? (las copias ilegales de obras intelectuales) y ¿el robo de la propiedad de los Estados Unidos?

El título corto y mediático del anteproyecto es SOPA. Sin embargo, el completo es algo más denso, ambicioso y busca “promover la prosperidad, la creatividad, el emprendedorismo y la innovación combatiendo el robo de la propiedad de los Estados Unidos, y para otros propósitos”.

El proyecto fue presentado por Lamar Smith, representante del Congreso de Estados Unidos, el 26 de octubre de 2011 y en pocos días desató un revuelo internacional por el alcance de varias de sus propuestas. En el sitio sobre tecnología Gizmodo se publicó un listado de las empresas y organizaciones que apoyan el proyecto SOPA (cada una tiene sus razones) y también está disponible otro listado de empresas y organizaciones que en estos días iniciaron acciones jurídico-políticas en su contra.

El título largo muestra que SOPA tiene un objetivo amplio y ambicioso en el plano internacional. Busca otorgar amplias facultades al Attorney General de Estados Unidos (en Argentina y otros países sería el Procurador General de la Nación) para que solicite judicialmente medidas contra sitios de Internet que orienten sus servicios hacia residentes en Estados Unidos, que estén fuera de la jurisdicción y que copien o faciliten la copia ilegal de las obras intelectuales.

El proyecto podría requerir a los proveedores de servicios de Internet (ISP), los buscadores, las empresas de pago por Internet o las de publicidad en línea que tomen medidas preventivas contra los sitios web a los que se les han iniciado acciones (por ejemplo, la suspensión de sus servicios). El proyecto prevé inmunidades para quienes ayuden a combatir la piratería y otorga amplias facultades a la Secretaría de Estado y a la de Comercio de Estados Unidos.

El anteproyecto SOPA propone un endurecimiento en la regulación del derecho de autor y derecho de copia (copyright), y anticipa un cambio de estado significativo en la regulación global de Internet. El proyecto parece anticipar una época de oscuro y riguroso control social por parte de algunas corporaciones comerciales de las industrias culturales estadounidenses. En esta oportunidad las beneficiarias son: las discográficas, los estudios de películas, las redes de televisión, entre otras.

Si Estados Unidos va a forzar a sus empresas a que gestionen nombres de dominios, a los ISPs y a los buscadores de Internet a que bloqueen el acceso a los sitios denunciados, entonces la libertad de expresión a nivel mundial está en serio peligro. En pocos meses Internet puede pasar a ser un colador lleno de filtros imperceptibles. ¡Qué paradoja! Estados Unidos criticó por años las políticas de China y ahora todo indica que las imita.

El Congreso estadounidense va a tratar éste y otros proyectos de ley a principios de enero de 2012. Es claro que estas soluciones afectan derechos ciudadanos esenciales y aportan muy poco contra la copia ilegal de obras intelectuales. ¿Dónde queda el derecho pleno de copia que tienen los ciudadanos? ¿Vale más representar los intereses corporativos de las diferentes industrias culturales que los derechos culturales de los ciudadanos? La cultura es mucho más que sus industrias.

* El Dr. Ariel Vercelli es Presidente de BIENES COMUNES A. C. e Investigador del CONICET / IEC-UNQ. Columna publicada en la sección de Tecnología de Télam. Sin licencia.

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